En los últimos días he
encontrado, en esa gran fuente de información de nuestro tiempo que es Twitter,
dos noticias muy parecidas entre sí que me han llamado mucho la atención. Eran
las siguientes:
“El gobierno cambiará el término ‘imputado’
para intentar frenar el desgaste judicial del PP”
“La PAH contesta a la prohibición
de Cospedal de usar la palabra ‘desahucio’”
En la primera noticia se habla de
la intención del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de modificar la
ley para que el término “imputado” se sustituya por “encausado” o “investigado”.
Según se explica en la noticia, Gallardón considera que, dado los múltiples
casos de corrupción relacionados con el Partido Popular en los últimos meses,
este término se ha convertido casi en un lastre para ellos, incluso condenando
al fracaso algunas carreras políticas. Esta palabra (según la RAE: Dicho de una
persona: contra quien se dirige un proceso penal) ha sido utilizada en otras
ocasiones por el Partido Popular como arma arrojadiza contra la oposición,
dicho sea de paso.
En la segunda noticia se habla de
la orden de la Consejería de Vivienda de Castilla la Mancha de omitir la
palabra “desahucio” en las informaciones que se hacen llegar a las familias
inmersas en este proceso. Se habla de la necesidad de sustituir el término “desahucio”
por otros, según la Junta, “menos contundentes”, como “desalojo”, “alzamiento”
o “pérdida o privación de su vivienda”. Desde la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca se ha respondido a la Junta que “prohibir el uso de una palabra no
elimina la realidad”.
En política todo esto no es
nuevo. Tácticas como el evitar según qué términos, o simplemente el uso de una
palabra o de otra según sus
connotaciones, las vemos prácticamente a diario en las noticias. La lista
de eufemismos es interminable: todos recordamos aquella “desaceleración” de
Rodríguez Zapatero que más tarde se convirtió en la crisis en la que estamos
inmersos; todos podemos reconocer en los “ajustes” y “reformas” de los que nos
habla el actual gobierno los recortes que estamos sufriendo; y todos sabemos (o
deberíamos saber) que "externalizar" no significa otra cosa más que privatizar. Sin
embargo, estas dos medidas quizá son, nunca mejor dicho, palabras mayores. Ya
no se trata de usar en un discurso una palabra por otra: estamos hablando de eliminar,
de prohibir el uso (en el contexto al que se refiere) de ciertas palabras que
resultan incómodas. De implantar por obligación en la sociedad otros términos,
con otras connotaciones. ¿Cabe eso en un Estado que presume de libertad de
expresión? ¿Desaparece el “crimen”, o el desahucio, si se le llama “privación
de la vivienda”? No desaparece, desde luego, pero quizá se mira con otros ojos.
Quizá alguien encuentre otros argumentos para defender el mismo hecho gracias a
una nueva definición. ¿Realmente funcionan estas tácticas? Me atrevo a decir
que sí. Y quienes las planean lo saben. Si (ejemplo) Iñaki Urdangarín dejara de
estar “imputado” en la trama Nóos, y pasara a estar “investigado”, en todos los
telediarios, en todos los periódicos y radios, durante todos los días… Al final,
para la mente colectiva, acabaría siendo, efectivamente, una persona “investigada”.
Con todas las connotaciones positivas que esto acarrea (la palabra nos sugiere
alguien en quien se ha puesto el punto de mira para conseguir resolver un caso,
puede ser culpable o inocente: sólo forma parte de la investigación. De la RAE:
investigar: 1. Hacer diligencias para descubrir algo).
Sirva este artículo para denunciar la
manipulación política a la que se somete a la gente a través del lenguaje, mediante
acciones que a priori pueden parecer inocentes, como la sustitución de un
término por otro “casi sinónimo”. De no tener el lenguaje tanto poder, ningún
ministro perdería el tiempo en modificar leyes, ni ninguna Consejería en mandar
cartas, a causa de “una simple palabra”.
Un saludo,
Belén
RAE:
Desahuciar
1. Tr.
Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea.
2. Tr.
Dicho de un médico: Admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación.
3. Tr.
Dicho de un dueño o de un arrendador: despedir al inquilino o arrendatario
mediante una acción legal.
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